El Presidente de POR HUELVA (XH), Joaquín De la Torre, ha presentado en la Subdelegación del gobierno de España y en la Delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía, una serie de medidas que ayudaría a solucionar el problema de los asentamientos chabolistas en la provincia, y una mayor concienciación social con este colectivo.
En nuestra provincia la inmigración ilegal no es nueva, ni casual, y si tenemos en cuenta la cercanía con el continente africano y la necesidad de trabajadores que demanda anualmente el sector hortofrutícola onubense, unido a una falta de planificación y gestión por parte de las administraciones que no han sabido anticiparse a esta situación, todo ello ha desembocado en la creación de asentamientos chabolistas en la provincia, los cuales están generando riesgos físicos y sanitarios a nivel general.
Los ayuntamientos afectados alegan que los asentamientos no están autorizados, pero tampoco han hecho nada por evitarlos, pues para ello habría que disponer de alternativas, y parece que tanto las administraciones locales, autonómicas y estatal no están por la labor. No debemos demonizar al colectivo inmigrante, por el simple hecho de serlo, ya que nuestra provincia ha necesitado, necesita y seguirá necesitando, a esta ya, parte de nuestra ciudadanía, que representa actualmente a un 9% de la población total de la provincia de Huelva, respecto al 12,9% de la media Nacional, y frente al 15,79% de Alemania, 14,25% en Reino Unido, el 12,38% en Francia o el 10,52% en Italia.
En los últimos meses se han producido varios incendios en estos poblados, algunos de ellos con víctimas mortales. Aunque las causas no están claras, parece que pueda ser debido a rencillas internas y la falta de cohesión social con el entorno, aún así, seguimos sin ver a agentes sociales y un equipo de trabajo conjunto entre la administración estatal, autonómica y local, con el que ofrecer una solución a este conflicto, el cuál, avisamos que si no se ataja y actúa convenientemente, podría enquistarse y derivar en problema mucho mayor.
Desde XH, defendemos una inmigración legal y regulada, pero no podemos olvidar la realidad existente, y la responsabilidad que las Administraciones tienen con todas las personas que se encuentren en nuestro municipio, comunidad Autónoma o País. En el día de hoy presentamos una serie de propuestas de cara a la eliminación progresiva de los asentamientos, basada en una formación profesional obligatoria, e integración social de los inmigrantes que dispongan de documentación legal:
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- (Ayuntamiento) Serán las entidades locales, quienes utilicen su padrón como censo oficial de inmigrantes residentes, e incluso irregulares con una tarjeta provisional. Dicho censo se actualizará anualmente y servirá de registro oficial para el resto de Administraciones.
- (Ministerio interior) Agilizar la tramitación de la documentación legal a los inmigrantes que se encuentren de forma irregular, en convenio con los empresarios (contratantes), para que puedan trabajar en el campo sin tener que realizar contratación en origen, con una validez temporal de 2 o 3 años. Transcurrido este tiempo, y habiendo cumplido el contrato satisfactoriamente, el permiso de trabajo pasará a ser definitivo.
- (Ministerio de trabajo) Refuerzo de la inspección de trabajo, para que los empresarios cumplan las condiciones de los contratos de trabajo realizados en origen y proporcionen un alojamiento digo a los trabajadores, y no existan contrataciones de inmigrantes irregulares.
- (Ministerio de interior) Incremento de los recursos de las fuerzas de seguridad de Huelva, con el fin de reducir y regular la inmigración ilegal, y evitar un efecto llamada, aunque como estamos observando en las noticias últimamente, ese efecto parece estar más ligado a la falta de alimentos y servicios básicos en los países de origen.
- (UE/Ministerio Educación/Consejería de Educación) Creación de un modelo de formación principalmente práctico, flexible y especializado para inmigrantes, con una duración de entre 2 y 3 años, y un horario que les permita compaginar el trabajo en el campo con las clases. Es imprescindible que accedan a un sistema de formación profesional, y que les garantice el acceso al mercado laboral. Podría establecerse como un título obligatorio para poder acceder a la nacionalidad.
- (Ministerio Educación/Consejería de Educación) Convalidación de los títulos académicos en sus países de origen, para aquellos inmigrantes que los puedan aportar. En caso de tener que cursar asignaturas, se facilitarán la posibilidad de realizarlas de manera no presencial, asistiendo sólo a los exámenes, y prácticas esenciales si las hubiera. En nuestra opinión, la UNED podría vehicular este proceso.
- (Consejería sanidad) A partir del ingreso, podrán tener acceso a todo el sistema sanitario español, incluyendo todas las especialidades.
- (Ayuntamiento) El coste de los estudios y alquiler, podrá ser recompensado con trabajos sociales a cada ayuntamiento los fines de semana, o varias horas semanales de prácticas gratuitas (no remuneradas), en determinados negocios locales, utilizando los créditos de formación de los que dispone cada empresa.
- (Ayuntamiento/Consejería de Fomento, Infraestructuras y ordenación del territorio) Cesión de terrenos municipales para la construcción de viviendas sociales en régimen de alquiler. Tramitación vía urgencia cualquier modificación del PGOU.
- (Fondo de cohesión Europeo) Construcción de viviendas comunitarias en régimen de alquiler, donde alojarse TODOS aquellos que realicen la formación profesional gratuita, y exclusivamente durante la duración del curso. Una vez finalizada, deberán abandonar y dejar libre para que la ocupe otra persona/familia, con un máximo de 3 años.
La inmigración es una situación que debe de resolverse desde instancias europeas, dotando de recursos económicos y jurídicos, que permitan a los gobiernos de cada País, afrontar sus respectivas idiosincrasias, pero creemos que España debería liderar esta solución a medio y largo plazo, como uno de los países más experimentados dada su proximidad con el continente africano.
Con la implementación de estas medidas, no sólo desaparecerían los asentamientos, sino que ofreceríamos una alternativa de inserción social, y acceso al mercado laboral, de todo aquél inmigrante que realmente quiera acceder al permiso de residencia, garantizando un mínimo de igualdad y oportunidades.